LA PRESIDENTA DE NAVARRA, MARÍA CHIVITE RECIBE A HERMANAS HOSPITALARIAS

Hermanas Hospitalarias

Esta mañana, Dña. María Chivite, Presidenta del Gobierno de Navarra, acompañada de Dña. Carmen Maeztu, consejera de Derechos Sociales de Navarra han recibido a una representación de Hermanas Hospitalarias España encabezada por Sor Matilde Porras y Alberto Martín de la Mata, superiora y director gerente de la Institución en España, acompañados de Sor Purificación Pardo, Mirian Zabalza y Manuel Martín como superiora, directora gerente y director médicos de nuestros centros de Navarra

Un encuentro en el que se han valorado muy positivamente los más de veinticinco años de colaboración conjunta para la adecuada asistencia socio-sanitaria a las personas con enfermedad mental grave en los dos centros que Hermanas Hospitalarias tiene en Navarra, así como en sus dispositivos externos (once pisos tutelados, centro de rehabilitación psicosocial, centro de día de mayores dependientes y servicio de consultas externas).

La Presidenta reconoce y valora el compromiso de la Institución por continuar su labor asistencial en Navarra que ha quedado reflejado tanto en la inversión de 5 millones de euros acometida en los últimos años en el Centro Benito Menni de Elizondo, como en la propuesta para realizar una inversión en la Clínica de Pamplona por un importe estimado de 14 millones de euros en los próximos ejercicios.

En la actualidad, entre ambos centros, reciben atención socio-sanitaria más de 400 personas, siguiendo un modelo de atención centrado en la persona; la mitad de las cuales tienen una plaza concertada con el Gobierno de Navarra, concierto que se está renovando actualmente con el Servicio Navarro de Salud y la Agencia Navarra para la Autonomía y Desarrollo de las Personas.

La Obra hospitalaria en Navarra genera más de 400 empleos directos y tiene una importante presencia en el Valle de Baztán.

La Presidenta de Navarra, María Chivite, ha reconocido su apoyo a la importante labor que lleva a cabo la Institución a favor de las personas que padecen enfermedad mental grave o discapacidad intelectual con problemas de salud mental asociado, complementando los servicios públicos, así como su contribución para la erradicación del estigma en salud mental.

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